Descosido

Sábado, 03 de septiembre de 2005

Corresponsabilidad sanitaria

La sanidad transferida pero las deudas la pagamos entre todos. El déficit económico del sistema sanitario es uno de los graves problemas que debe afrontar el actual Gobierno; también cabría hablar del déficit sanitario referido a la calidad del mismo. Para solventar la situación ha lanzado una propuesta que es rechazada, con más o menos virulencia por algunas autonomías. La intención de la propuesta presentada consiste en hacer que las autonomías asuman el desgaste de recaudar más impuestos. En realidad no es una novedad ya que cuando gobernaba Aznar se planteó una solución en parecidos términos. Entonces las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular callaron y algunas aplicaron medidas como el llamado céntimo sanitario: Madrid, Galicia, Valencia y Baleares lo implantaron con gobiernos del Partido Popular.

La vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que si las autonomías rechazan la propuesta el ejecutivo retirará la misma, supongo que es un anuncio estratégico. Porque de momento la apuesta parece decidida cuando el Ejecutivo pone 2.500 millones y reta al Partido Popular a “presentar una alternativa diferente”.

La cuestión e bastante simple en el fondo. La sanidad está transferida a las autonomías y el Gobierno central entiendo que sólo debe intervenir para garantizar las prestaciones sanitarias. Se pude afirmar que ante el déficit generado por las comunidades el Ejecutivo tiene que afrontar esta situación. Y la propuesta presentada va en dos direcciones: la que afecta al Gobierno central colocando una cantidad de dinero sobre la mesa, cantidad que supongo será negociable, y por otra parte abordando la subida en un 5% del impuesto especial sobre el tabaco y de un 10% sobre el alcohol; la otra dirección afecta las comunidades autónomas y es que estas tienen la posibilidad de aumentar sus ingresos aplicando un 0,024 euros por litro de gasolina (sobre los hidrocarburos las comunidades de Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid aplican un recargo similar), duplicando el gravamen máximo por venta minorista de gasolina y estableciendo un recargo de hasta dos puntos en el impuesto sobre la electricidad. En conclusión el Gobierno se exige a sí mismo la toma de medidas antipopulares y conmina a las autonomías que hagan lo mismo.

La situación parece delicada, la propuesta puede que no sea suficiente para generar los ingresos necesarios pero, en cualquier caso, hacer de la sanidad un frente político más podría ser rentable políticamente, pero de lo que debería tratarse es de mejorar el servicio sanitario del Estado. Particularmente preferiría que este esfuerzo fiscal recayera sobre impuestos directos. Por otra parte, parece obvio solicitar un ejercicio de corresponsabilidad finaciera del gasto sanitario,